A pesar de que Cristina Kirchner ya no reside en Santa Cruz y permanece bajo detención domiciliaria en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina continúa destinando personal para custodiar sus residencias en Río Gallegos y El Calafate. Las guardias fijas se mantienen bajo la supervisión de su histórico jefe de seguridad, Diego Carbone, aun cuando ambas propiedades están deshabitadas.

La situación generó fuerte malestar dentro del Gobierno, donde aseguran que el operativo responde a decisiones judiciales previas. Sin embargo, remarcan que resulta difícil justificar el uso de recursos públicos, móviles, agentes, horas extras y logística, para cuidar viviendas completamente vacías, sin ninguna función y sin la presencia de la ex vicepresidenta.

Cristina Kirchner cumple una condena firme a seis años y está controlada con tobillera electrónica, además de contar con el resguardo propio del Servicio Penitenciario. Pese a ello, se mantiene el doble esquema de protección: custodia sobre su persona en Buenos Aires y custodia en casas donde no vive, no trabaja y que permanecen cerradas desde hace meses.

En este contexto, la discusión interna gira en torno a la necesidad de revisar la continuidad de estos operativos, que implican fondos estatales significativos. Para varias voces oficiales, sostener guardias permanentes en residencias vacías es un despropósito administrativo y un uso injustificado de recursos públicos en un momento de fuerte ajuste y revisión del gasto estatal.